Combatir
la violencia de género no es una prioridad para este
Gobierno, que antepone las cuestiones económicas a las
necesidades de las personas. Los Presupuestos Generales del
Estado para 2013 prevén un recorte del 6,8% en la lucha
contra la violencia de género, y de un 6% en la lucha contra
la trata con fines de explotación sexual, con el añadido de
un recorte a las Comunidades Autónomas de un 20% en los
programas de asistencia social para mujeres víctimas de
violencia de género. El cierre de casas de acogida, la
reducción de subvenciones a las asociaciones que se encargan
de asesorar y defender a las mujeres víctimas de violencia
de género, el cierre de varios de juzgados y centros de
atención especializada, el endurecimiento para acceder a la
Renta Activa de Inserción que perciben una mayoría de las
afectadas por este problema, o incluso el establecimiento de
tasas judiciales abusivas, que impedirán a muchas mujeres
interponer demanda de divorcio debido al encarecimiento del
proceso judicial son algunos de los ejemplos de la gestión
política de un Gobierno que no parece muy preocupado en
resolver esta lacra social. Un Gobierno que además ha
impuesto una reforma laboral que deja más vulnerables en
este ámbito a las mujeres víctimas de violencia machista.
UGT, que reitera su compromiso para combatir este problema
social, considera que la crisis económica no puede ser una
excusa para retroceder en cuestiones tan vitales e
importantes como es acabar con la violencia contra las
mujeres.
El 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres, declarado por Naciones
Unidas hace ya trece años, se celebra este año en uno de los
escenarios más duros de los últimos tiempos. Un escenario
plagado de recortes económicos y de retroceso en derechos
sociales de los cuales las mujeres son las principales
víctimas.
Recortes en el empleo público y en los derechos laborales de
este sector donde las mujeres tienen mayor presencia,
recortes en servicios como educación, sanidad, transporte,
servicios sociales y de cuidados a mayores y menores, de los
que las mujeres son las principales usuarias y
beneficiarias; recortes en los derechos sexuales y
reproductivos, para que no sean las mujeres las que puedan
decidir en qué momento de su vida acceden a la maternidad.
Pero lo más grave de todo es el mensaje reiterativo, de que
las mujeres hemos alcanzado las mismas cotas de igualdad que
los hombres en todos los ámbitos, y que por ello ya no es
necesario implementar políticas de igualdad. Para el
Gobierno, el derecho constitucional a la igualdad de trato y
oportunidades entre las mujeres y los hombres es un derecho
de segunda clase al que por la situación económica actual no
se debe prestar mayor atención.
Mientras en los actos conmemorativos representantes del
Gobierno se jactan de hacer políticas que protegen a las
mujeres contra la violencia machista, en su gestión política
cierran casas de acogida, reducen las subvenciones a las
asociaciones de mujeres que se encargan de asesorar y
defender a las mujeres víctimas de violencia de género. Han
recortado el personal público al servicio de los juzgados de
violencia de género y las plantillas de las instituciones y
organismos dedicados a atender a las mujeres en situación de
violencia de género. Además, han procedido al cierre de
varios de estos juzgados y centros de atención
especializada, han endurecido el acceso a la Renta Activa de
Inserción, que perciben en su mayoría mujeres en esta
situación (más de 29.000 en 2011 y 27.444 perceptoras de RAI
con esta condición, desde enero a septiembre), y han
impuesto unas tasas judiciales abusivas que impedirán a
muchas mujeres interponer demanda de divorcio debido al
encarecimiento del proceso judicial. Todo ello viene a
constatar donde están las prioridades de este Gobierno, y no
es precisamente la de ayudar a combatir la violencia contra
las mujeres.
Pero además, la situación en la que se encuentran las
mujeres en nuestro país, lejos de mejorar tiende a empeorar,
y muy especialmente la de las mujeres víctimas de violencia
de género, pues los Presupuestos Generales del Estado para
2013 prevén un recorte en políticas de igualdad entre
mujeres y hombres del 24,1% , en la lucha contra la
violencia de género, de un 6,8% y de un 6% en la lucha
contra la trata con fines de explotación sexual, con el
añadido de un recorte a las CC.AA de un 20% en los programas
de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de
género.
Denunciamos también que la reforma laboral tendrá un mayor
impacto negativo en las trabajadoras víctimas de violencia
de género, pues la posibilidad de ser despedidas debido a
las ausencias al trabajo que la Ley Orgánica de Protección
Integral contra la Violencia de Género declaró como faltas
justificadas, ya no suponen una protección ante el despido,
además del endurecimiento en el acceso a los derechos de
reducción de jornada para las que tengan responsabilidades
familiares (son la mayoría) y el temor a acogerse a la
suspensión del contrato de trabajo por esta situación, que
también tienen reconocido por la LOVG . El varapalo a la
negociación colectiva que venía recogiendo y mejorando en
los convenios colectivos sectoriales los derechos para las
mujeres víctimas de violencia de género, es una vuelta de
tuerca más a la pérdida de protección de las mujeres
trabajadoras que se encuentran en una situación de especial
vulnerabilidad.
Por todo ello, desde UGT queremos denunciar los efectos
perniciosos del fracaso de una política gubernamental que
precariza las condiciones de vida y trabajo de las personas,
incrementa las bolsas de desigualdad y pobreza e impacta
doblemente en las mujeres, penalizadas por la adjudicación
de las cargas familiares y la atención a la dependencia.
Esta situación supone un grave retroceso en su autonomía e
independencia económica, estrategia imprescindible para
salir de las situaciones de violencia, tal como refleja el
informe del CGPJ, “la violencia económica es un factor
más de presión al que se ve sometida la víctima”.
Desde UGT nos comprometemos a seguir luchando contra la
violencia sobre las mujeres, negociando medidas de
protección laboral dirigidas a este colectivo en los
convenios y en los planes de igualdad, intensificando la
formación y la sensibilización de nuestros cuadros
sindicales en esta materia, difundiendo los derechos legales
y convencionales reconocidos a las trabajadoras víctimas de
violencia de género y combatiendo la violencia en el ámbito
laboral a través de impulsar la negociación de protocolos
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
La crisis económica no puede ser una excusa para retrocesos
en la lucha contra la violencia sobre las mujeres y en las
políticas de igualdad, porque es un problema social ante el
que toda la sociedad debe tomar parte activa.
