El
año de mayoría absoluta del PP se ha caracterizado por una
gran mentira, por el desarrollo de un programa oculto no
refrendado por las urnas, que está abocando a los ciudadanos
a una profunda asfixia económica y social. La política de
recortes amenaza las bases de nuestro modelo democrático de
convivencia, pero además cae la economía el 1,6% del PIB,
está recortando derechos sin precedentes en todos los
ámbitos hasta debilitar gravemente nuestro estado de
bienestar y se destruye empleo sin pausa, más de 600.000 en
el último año y el desempleo casi alcanza a 6 millones de
personas, un 10% más que hace un año. Y no se ve la luz al
final del túnel. Los ciudadanos padecen esta realidad, no la
virtual que dibuja el presidente del Gobierno y que ve, en
contra de las instituciones europeas, crecimiento para el
año próximo. UGT insiste en reclamar del presidente la
convocatoria de un
referéndum, porque
se dan las circunstancias que prevé la Constitución y el
pueblo español tiene derecho a opinar sobre políticas que no
tienen legitimidad social ni democrática.
Hoy se cumple un año de las elecciones generales que
situaron al PP al frente del Gobierno con un programa por el
que obtuvo la mayoría absoluta. Muchos de los argumentos que
esgrimió se disolvieron como el humo a los pocos días de su
toma de posesión y en cambio adopta medidas de recorte que
están perjudicando al 99% de los ciudadanos.
Se ha arropado en la herencia recibida, pero es responsable
de las políticas que ha aplicado en este último año, que no
figuraban en su programa electoral, y que ahora juzga como
“imprescindibles”, pese a que “hagan daño a mucha gente”,
como dijo ayer el presidente del Gobierno.
Nos están empobreciendo. El riesgo de pobreza ha pasado de
estar 6 décimas por debajo del promedio de la UE-27 en 2008,
a estar 2,1 puntos por encima en 2010, según el último dato
comparativo disponible. Y la economía cae ya el 1,6% anual.
La Comisión Europea prevé el 1,4% para este año y el
siguiente, mientras que el Gobierno reconoce que la caída
será el 1,5% para este año, y tan solo el 0,5% para el año
que viene, algo que nadie ve.
Política fiscal: “No voy a subir los impuestos. La subida de
impuestos no se justifica y es profundamente insolidaria con
las clases medias y trabajadoras españolas”, Mariano Rajoy
en su debate de investidura, en diciembre de 2011. Días
después, el 30, en su primer Consejo de Ministros, anunció
ya la subida del IRPF y el Impuesto de Bienes inmuebles
(IBI).
Era el inicio de una larga lista de incumplimientos en
materia fiscal: en marzo, el Gobierno aprueba una amnistía a
los defraudadores; en julio, decidió subir el IVA (del 18%
al 21% en el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido)
y en septiembre otra vez, acuciado por el descenso de los
ingresos públicos, retocó ligeramente al alza el Impuesto de
Sociedades.
Además, pese a su compromiso de mantener la deducción por la
compra de vivienda habitual y de aplicar a la adquisición de
nuevos inmuebles el tipo de IVA superreducido del 4%, pero
se apresuraron a aprobar también en Consejo de Ministros el
fin de la deducción por vivienda a partir del 31 de
diciembre de 2012, y también del tan anunciado IVA
superreducido, que solo será de aplicación para las
viviendas compradas durante este ejercicio.
El empleo. Su apuesta por el empleo antes de las elecciones
se plasmó en un periódico de tirada nacional, con una
fotografía de Rajoy ante una oficina del INEM bajo el
titular de “cuando gobierne bajará el paro”. Y bajo el
paraguas del “no vamos a abaratar el despido”, el Gobierno
aprueba una reforma laboral que le ha dado más poder al
empresario para despedir más fácilmente y para aumentar sus
beneficios.
Una reforma que se ha revelado como una auténtica máquina de
destrucción de empleo. Se han perdido 600.000 puestos de
trabajo en un año, los Expedientes de Regulación de empleo
han aumentado un 80% (datos del propio Ministerio de
empleo), se ha reducido el empleo indefinido y el temporal.
Y además, esta política “centrada en los parados” ha
reducido la protección por desempleo, en el decreto de
julio, recortando la prestación por desempleo y endureciendo
el acceso al Plan Prepara (ayuda de 400 euros a los
desempleados de larga duración). Ésta es la línea que siguen
los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que
recortan 1.800 millones en las políticas de fomento al
empleo, el 6% en prestaciones por desempleo y una ausencia
de compromiso para mantener, a partir de febrero del próximo
año, la ayuda de 400 euros para parados de larga duración.
El Gobierno, por otra parte, tiene en el punto de mira a los
más de 2,5 millones de empleados públicos, a los que les ha
congelado la oferta de empleo para 2013 y 2014, y les ha
sometido a una continua pérdida de poder adquisitivo, ha
congelado sus salarios en 2012 y 2013 y les ha suprimido la
paga de Navidad de este año.
Dinero para los bancos: En campaña electoral defendían el
saneamiento del sistema financiero, se comprometían a exigir
todas las responsabilidades a los gestores que incurrieran
“en una Administración desleal o negligente” y a “no dar ni
un euro de dinero público a los bancos”. En cambio, el
Ejecutivo estima en más de 100.000 millones el ajuste que
llevará a cabo hasta el 2014, el equivalente a un 10% del
PIB. Además, insiste en una política de recortes de la
inversión productiva y económica en materia de industria,
infraestructuras y de I+D+i.
Recortes del Estado de Bienestar: La sanidad ya no es
universal y gratuita para todo el mundo, como prometió (ha
impuesto en repago y ha excluido a los inmigrantes en
situación irregular) y la educación cada vez es menos
pública. Sometidas a recortes continuos, en sanidad 7.000
millones de euros y 3. 000 en educación. Además,
prácticamente se ha aniquilado el sistema de servicios
sociales y ha dejado sin contenido la Ley de dependencia, la
ayuda a los que necesitan ayuda de otros. Y sigue sin
aclarar qué va a pasar con las pensiones.
El 14 de noviembre los ciudadanos expresaron masivamente el
rechazo a estas políticas. Es imprescindible por tanto que
el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía
manifieste si quiere seguir por este camino y que dé una
oportunidad a la democracia, con el fin de que el Ejecutivo
conozca qué opina la población de este aprovechamiento
inmoral de la crisis para desmantelar el modelo de
convivencia social y económica de nuestro país.
Es mentira que no hay alternativas. Las hay. Las
organizaciones sindicales lo hemos dicho hasta la saciedad y
ayer también lo dijo la presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, quien advirtió que “la experiencia demuestra que
la austeridad exagerada se derrota a sí misma”. Por eso, UGT
considera que es necesaria una nueva estrategia de política
económica que centre su objetivo en el crecimiento, no en el
ajuste, y que estimule la demanda interna a través del
consumo y de la inversión pública y privada.
